Llama la atención que al tiempo de declarar tres días de duelo nacional, Vizcarra no haya sido suficientemente severo, como sí ante muchos actos fiscales y judiciales, con quienes tuvieron a su cargo el cumplimiento de la orden de detención contra Alan García, y que, teniéndolo delante en calidad ya de detenido, le permitieran alejarse a su dormitorio, donde él terminaría por dispararse.
No estamos juzgando aquí las razones del suicidio del ex presidente ni la polarización que este acto trágico despierta entre peruanos permanentemente enemistados por nuestras diferencias.
Estamos juzgando el papel del presidente y jefe del Estado en lo que estrictamente le compete: ser el principal defensor de la ley y la Constitución, y del estricto cumplimiento de ambas a través de quienes asumen, por él, la responsabilidad política de los actos de gobierno: los ministros de Estado.
¿La policía que debía capturar a Alan García era una policía técnica o una policía política? Según el Ministerio Público, fiscales y policías habían cumplido el debido proceso. ¿Era parte del debido proceso que estando delante del sujeto de captura la policía no lo capturara y le permitiera a Alan García moverse con solo un cortés pedido de permiso?
Con un Ministerio del Interior y una fiscalía más avispados operativamente y en inteligencia quizás no tendríamos las fugas que tenemos, desde Toledo hasta Hinostroza, pasando por una conocida señora procesada que pide ir al baño en plena audiencia judicial para luego desaparecer. También pudo pegarse un tiro.
Si tenemos a fiscales y jueces en estado paranoico por las fugas –lo que los convierte en cazadores sin límites de presas políticas– sin que medie acusación ni juicio ni sentencia, algo urgente tienen que hacer el jefe del Estado, la fiscal de la Nación, el Congreso y el Poder Judicial para que se respete la ley y lo que dice la Constitución sobre que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
La incompetencia policial no puede dar lugar a la arbitrariedad fiscal y judicial, ni al constante atropello del primer artículo de la Constitución, que es el respeto a la dignidad humana.