La anarquía fiscal
Mientras el Perú se hunde en la criminalidad común y organizada de cada día, su principal mecanismo de persecución del delito, la Fiscalía, se hunde en la anarquía de hoy y de mañana.
Estamos pues ante un poderoso factor más de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre que debemos añadir como respuesta a la dramática y recurrente pregunta de por qué no tenemos un mejor nivel de confianza al interior y exterior del país y por qué no vemos síntomas de mejoría en la atracción de nuevas inversiones privadas, principalmente estratégicas.
En la medida que se judicializa aún más la política y se politiza aún más la justicia, en todos sus extremos, no tenemos otra salida que asistir cotidianamente, en presencial y en remoto, al espectáculo grotesco de ambos fenómenos.
Es que nuestras garantías políticas y jurídicas, si bien se mantienen en un nivel de sobrevivencia básica, en términos de predictibilidad, es decir de sentido de futuro, podrían verse en cualquier momento por los suelos, en otro espectáculo aún más triste.
A raíz de la reciente grave crisis en la Fiscalía, con un destape de dudoso rigor que compromete a Patricia Benavides, y que ha dado lugar a la suspensión de esta por la Junta Nacional de Justicia, sin un debido proceso, ni el Legislativo ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo ni la propia Presidencia, que encarna también la jefatura de Estado, pueden mostrarse indiferentes a la naturaleza de los hechos que venimos conociendo y a sus cercanas e imprevisibles consecuencias. Hay razones de Estado, como en este caso, que están por encima de las autonomías en juego.
Y si estos poderes no pueden, en efecto, ser ajenos al descalabro del Ministerio Público, algo tienen que hacer, no para ejercer intervención alguna sobre un organismo independiente y autónomo, sino para generar el espacio y la oportunidad propicios para contribuir a una solución inteligente y responsable. La anarquía fiscal “En la medida que se judicializa aún más la política y se politiza aún más la justicia, no tenemos otra salida que asistir cotidianamente, en presencial y en remoto, al espectáculo grotesco de ambos fenómenos”.
Se trata de salvaguardar el Estado de derecho y la proyección de estabilidad y garantías jurídicas que debe materializarse hacia la opinión pública nacional e internacional desde las instituciones jurisdiccionales.
Muchos nos preguntamos cuál va a ser el nuevo “santuario de rescate” del Ministerio Público. ¿Será el que lo sacó de la nada en su lanzamiento o relanzamiento de los años 80? ¿Será el que siguió a la caída del régimen de Alberto Fujimori el 2000 y que despertó singulares expectativas de cambio y mejora para luego decaer bajo las tenazas de los intereses políticos e ideológicos de turno, históricamente interesados en instalar sus cotos de caza en las fiscalías de abajo, del medio y de más arriba? ¿Será el “santuario de rescate” que impulsó el expresidente Martín Vizcarra para, so pretexto de una hipócrita cruzada anticorrupción, instrumentalizar a la institución para encubrir las evidencias e investigaciones de sus presuntos delitos?
Lamentablemente, lejos de aproximarnos a un nuevo “santuario de rescate”, ante la desacreditación de todos los que se han sucedido hasta hoy, tenemos a la vista más de lo mismo: todo un rosario de pugnas por el aprovechamiento político de la institución, con la ayuda, por supuesto, de los propios señores y las propias señoras fiscales, que hacen de tontos y tontas útiles de quienes manejan, bajo cuerda, otros intereses que no son los del Ministerio Público ni los del país.