La verdad electoral ya no es la que era
Si el sistema electoral peruano no se hubiera negado, con maliciosa terquedad, a la revisión puntual de trámites, actas y software ante denuncias oportunas, legítimas y subsanables planteadas en el proceso de votación del 2021, la verdad de su actuación y sus resoluciones sería hoy quizás inamovible.
Si, a su vez, el gobierno de transición encabezado por Francisco Sagasti no hubiera sido igual de maliciosamente inclinado a la proclamación acelerada de Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta electoral de entonces –en medio de una diferencia por zanjar de 40 mil votos, casi un empate técnico, y de una insistente demanda ciudadana por una auditoría interna y externa del proceso–, la verdad de la actuación presidencial, como garante de su convocatoria, sería también hoy quizás inamovible.
Más temprano que tarde era previsible que la verdad electoral se abriría paso en el tiempo.
Ahora resulta que, a petición del Ministerio Público, el Poder Judicial ha puesto en libertad al colaborador eficaz Zamir Villaverde a cambio de valiosa información que compromete al mismísimo presidente de la República, Pedro Castillo, dentro de la hipótesis fiscal de que este, junto a familiares y allegados suyos, encabezaría una organización criminal.
Es más: Villaverde habría entregado al Ministerio Público, según él, evidencias y pruebas que involucran al Jurado Nacional de Elecciones y a su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, en supuestos tratos y compromisos con operadores electorales de Pedro Castillo. En un primer momento, para impedir el pase a segunda vuelta del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a cambio de que Keiko Fujimori se convierta en el buscado y propicio antivoto; y en un segundo momento, para asegurar la victoria definitiva del candidato de Perú Libre, a contra corriente de todos los cuestionamientos al proceso electoral.
¿Por qué el Ministerio Público, ahora con un nuevo liderazgo comprometido con la honestidad, eficiencia, justicia, autoridad y transparencia de sus actos, premiaría con libertad a un inculpado penal como Zamir Villaverde, que a su vez sabe que no puede mentir en sus testimonios, que no puede presentar evidencias sin corroborarlas y que puede ir doblemente preso por desviar de su cauce correcto la investigación iniciada por la fiscal Karla Zecenarro?
Y si por las evidencias de Villaverde corroboradas ante el Ministerio Público el presidente Castillo podría terminar acusado constitucionalmente, destituido y sometido a proceso penal, ¿por qué no tendría que abrirse una investigación penal a quienes, dentro y fuera del Jurado Nacional de Elecciones, habrían supuestamente incurrido, según evidencias corroboradas del mismo inculpado, en actos y operaciones ilícitos que configurarían finalmente un fraude electoral?
Estamos ante cargos penales muy graves contra dos máximas autoridades del Estado que requieren un esclarecimiento urgente, comenzando por sacar del archivo del Congreso la recién concluida investigación sobre las presuntas irregularidades del proceso electoral presidencial y parlamentario del 2021, y por determinar que ningún nuevo proceso de votación nacional incluya a las actuales cuestionadas autoridades del sistema electoral.
A propósito, ya es hora de que, vía una reforma puntual, se modifique el proceso de composición del Jurado Nacional de Elecciones, actualmente sujeto a designaciones automáticas y burocráticas, por otro más idóneo y meritocrático como, por ejemplo, el del Tribunal Constitucional, salvo mejor parecer.
Atendiendo a su papel constitucional fiscalizador, el JNE no tiene que ser el activo matasellos de irregularidades en los padrones del Reniec, donde millares de fallecidos votan, ni de los vulnerables e intocables softwares de la ONPE, ni de sus propios errores, como el de haber admitido la candidatura de Pedro Castillo no con un plan de gobierno, sino con un ideario marxista-leninista redactado y firmado por Vladimir Cerrón, reñido, además, con el orden democrático y constitucional peruano; o como haber admitido también la candidatura a la vicepresidencia de Dina Boluarte, siendo en ese momento funcionaria del Reniec, organismo integrante del sistema electoral.
El JNE tiene asimismo el mandato de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la calidad, idoneidad, tamaño y transparencia de las muestras de las encuestas, incluidas las de boca de urna y conteo rápido, de enorme y decisiva influencia ante la opinión pública. Igualmente, tiene el deber y la responsabilidad de respetar la fiscalización de la prensa independiente y crítica y de quienes ejercen la legítima defensa de los intereses y reclamos electorales de los candidatos que en el 2021, en los casos concretos de Renovación Popular y Fuerza Popular, no solo no fueron debidamente escuchados, sino que en instancias internas y externas, como la de la OEA, recibieron por respuesta, más de una vez, un portazo en la cara.
La verdad electoral ya no es, pues, la que era. Nos asomamos más bien a una verdad distinta que puede sorprendernos más de lo que podamos imaginar.