¿Subordinación o interferencia?

El Caso López Meneses le da al presidente Ollanta Humala la oportunidad propicia de corregir algunas graves distorsiones en la tradicional subordinación del poder militar al poder civil.

La renuncia del coronel Adrián Villafuerte como asesor de asuntos de Seguridad y Defensa Nacional, a poco de que se conociera el escandaloso resguardo brindado a la casa del operador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses, fue sin duda una corrección necesaria, pero a la que  jamás debió llegar el mandatario.

La presencia de Villafuerte en ese cargo no solo representaba una cuña oscura entre el mando presidencial y los mandos militar y policial. Su vieja relación con el general César Saucedo, de quien fuera su edecán, a la sombra de Montesinos, tampoco lo hacía merecedor de las excesivas prerrogativas que el poder político puso en sus manos.

Los cabos sueltos que ahora se atan en torno a la infiltración montesinista en el gobierno hacen cada vez más evidente el peso solapado que en su momento adquirió Villafuerte, no siempre sobre los altos mandos de Defensa e Interior, sino sobre los niveles intermedios.

Humala no hubiera prescindido de los servicios de Villafuerte si a la hora en que reventó el Caso López Meneses no asomara entre bambalinas su evidente responsabilidad.

Por alguna razón, desconocida hasta hoy, el entonces viceministro del Interior, Iván Vega, no corrió la misma suerte, debiendo haber respondido, junto al director general de la PNP, por todo lo que pasó. La decente renuncia de Wilfredo Pedraza los cubrió a ambos.

Hay otras demostraciones claras de interferencia del poder civil en la estructura castrense, incluido el delicado ámbito del Vraem, donde opera el Comando Conjunto de las FF.AA. Veamos algunas de las más importantes:

1. Cuando el congresista Urquizo, probablemente bajo la venia del entonces asesor presidencial Adrián Villafuerte, trató de que el coronel Oswaldo Zapata, cercano a López Meneses, fuera incorporado al área de Inteligencia del CC.FF.AA., el almirante José Cueto respondió con dos decisiones acertadas: reasignarlo inicialmente a Inspectoría del CC.FF.AA. y devolverlo luego al Ejército.

2. La insistencia en mantener al general Raymundo Flores Cárdenas a cargo de las operaciones del Vraem sin el requisito del nombramiento formal (vía resolución suprema) a propuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y lo que es peor: la resistencia de su relevo por sobre la cabeza del almirante Cueto.

3. Al margen de cuáles sean las competencias profesionales como administrador de empresas del señor Iván Vega, su actuación como viceministro del Interior hasta la explosión del Caso López Meneses, y ahora como viceministro de Defensa, para ver lo mismo: las estrategias militares y policiales en el Vraem, cruza todas las líneas de mando propiamente castrenses. Se disuelve así su responsabilidad política como viceministro y se disuelve también su responsabilidad operativa.

Al final, no es responsable de nada, como no lo fue en la última crisis.